Uno de los principales argumentos de la demanda señala que los indocumentados detenidos no tienen acceso a representación para que puedan luchar por sus permanencias en Estados Unidos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó el miércoles en una corte de Los Ángeles al presidente Donald Trump por “violar los derechos constitucionales” de inmigrantes detenidos en la Prisión Federal de Victorville, ubicada en California.

La demanda, que es también contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), se origina con el traslado desde junio pasado de inmigrantes desde instalaciones de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a “cárceles operadas por la Oficina Federal de Prisiones (BOP)” y en la que se albergan a convictos, indica un comunicado.

Los trasladados de unos 1,600 inmigrantes indocumentados, entre ellos solicitantes de asilo y padres separados de sus hijos en la frontera, fueron a instalaciones de BOP en California, Texas, Arizona, Oregón y Washington.

Las separaciones fueron anunciadas en abril por el gobierno de Trump como parte de la política de “tolerancia cero”. Si bien no existe una ley que regule esta práctica, el gobierno ideó formular cargos criminales por ingreso ilegal a padres inmigrantes para poder arrebatarles a sus hijos mientras concluyen sus casos en los tribunales de justicia.

La práctica fue implementada entre el 5 de mayo y el 9 de junio, pero fue desestimada por Trump tras una ola de criticas dentro y fuera de Estados Unidos. Durante ese período de tiempo fueron afectados 2,551 menores, según reconoció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los argumentos de ACLU

“Como las políticas de separación familiar y ‘tolerancia cero’ de la Administración Trump, estas transferencias se hicieron de manera precipitada y sin tener en cuenta la vida de las personas detenidas”, dijo Victoria López, abogada del Proyecto de Prisión Nacional de la ACLU.

Las primeras quejas tienen que ver con la poca o nula comunicación entre los inmigrantes detenidos y sus abogados y familiares, una práctica que se ha vuelto común desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

Una demanda de emergencia fue presentada entonces por ACLU el pasado 20 de junio. Un día después, el juez Otis Wright II, del Tribunal de Distrito en Los Ángeles, ordenó al Gobierno Trump dar a los detenidos acceso a la ayuda legal para poder defender sus derechos de permanencia en el país.

La comunicación de los abogados con sus clientes permitió conocer los problemas que estaban enfrentando los detenidos en la cárcel, ubicada al noreste de Los Ángeles, entre ellas la falta de atención médica y de salud mental adecuada.

La demanda presentada el miércoles asegura que los detenidos no tienen acceso mínimo a espacios al aire libre, aire fresco y luz solar, y que la alimentación es inadecuada e insuficiente.

La querella recalca además que, continúa la falta de acceso a asesoría legal, que los materiales sobre su caso están en inglés y que los inmigrantes describen sus condiciones como “peligrosas y caóticas”.

ACLU ha advertido que la firma de documentos cuyo contenido desconocen los inmigrantes privados de libertad puede llevarlos a perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos.