Después de que el juez federal John D. Bates en Washington, fallara en contra de la administración Trump al reanudar el programa que ha protegido de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes.

La Casa Blanca lo criticó duramente a través de su secretaria de prensa presidencial Sarah Huckabee, quien calificó el fallo como “buenas noticias” para los contrabandistas y redes criminales y “noticias horribles para nuestra seguridad nacional.”, comentó.

El gobierno tiene 90 días para replantear sus argumentos antes de que la orden entre en vigencia y si la orden del juez sobrevive este periodo, sería un nuevo revés para el equipo de Trump porque requeriría que la administración acepte solicitudes de jóvenes que quieran aplicar al programa por primera vez.

Los mandatos que se hicieron a nivel nacional a principios de este año se aplicaron únicamente a las solicitudes de renovación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Bates baso su argumento para repeler la acción, diciendo que la decisión que hizo la administración en septiembre de reducir progresivamente el programa en un periodo de seis meses se basó en un “escaso razonamiento legal” e invitó al Departamento de Seguridad Nacional a intentarlo nuevamente, “esta vez brindando una explicación más completa para la terminación de que el programa carece de autoridad legal y constitucional.”

El juez añadió que la explicación que dio la administración era “particularmente atroz” porque no mencionaba que muchos de los cientos de miles de jóvenes inscritos en el programa tenían trabajo y habían continuado con sus estudios, basado en la suposición de que se les iba a permitir renovarlo.

Casi 690 mil personas se inscribieron a DACA cuando Trump decidió terminar el programa y 8 de cada 10 eran de México. Se estima que decenas de miles de personas que cumplen con los criterios para aplicar y nunca lo hicieron, podrían beneficiarse ahora con la decisión de Bates.